29 noviembre 2014

QUERELLA VA, QUERELLA VIENE


El jueves en el Congreso Rosa Díez, líder de UPyD, propuso al presidente Mariano Rajoy la modificación de 2 artículos de la Constitución para suprimir el aforamiento a todos los parlamentarios, al entender que se trata de un privilegio. El aforamiento no es sinónimo de impunidad como a menudo se quiere hacer creer. Se introdujo en el ordenamiento jurídico español, como en el de muchos países, para proteger a los cargos públicos y representantes políticos de querellas maliciosas que buscaran apartarles de sus funciones con acusaciones infundadas. Es lo que se conoce como fuero parlamentario. Antaño fue una práctica habitual tender una trampa al rival político y acusarle de cometer algún delito para acabar con él. Ahora sólo es necesario que le citen como imputado. Hay individuos que han aprendido la estrategia y no dudan en aplicarla, judicializando la vida política y recurriendo a Fiscalía y Tribunales para intentar conseguir allí lo que no se ha logrado en las urnas, sabiendo que un  imputado se ha convertido en un apestado político.

Antoni Verger, portavoz de MÉS en el Ajuntament de Palma, no ha podido presentarse a las primarias de su formación (aunque algunos dirán que más se trataba de una OPA hostil contra Esquerra Republicana y su presidente Joan Lladó) ante la inminencia de su imputación por la compra de unos trenes sin concurso previo cuando era director general de Mobilitat durante el Pacte de Progrés. Verger, con gran enfado, acusa a José Ramón Orta, actual gerente de SFM, de presentar una querella falsa sólo para acabar con su carrera política. Quizás sea verdad pero ¿cuántas veces lo ha hecho antes el PSM? Ellos tienen el récord en presentar denuncias, pero hay que ver lo mal que les sienta beber del jarabe que tan a menudo ellos recetan. Ahora MÉS quiere denunciar penalmente al exalcalde de Mancor y conseller del Consell Insular Bernardí Coll. También un exregidor del PSM denunció al alcalde de Vilafranca, Montserrat Rosselló (PP) por un asunto alejado del ámbito penal que ha supuesto su imputación, con la evidente intención de que José Ramón Bauzá lo aparte de la lista municipal en las elecciones, en aplicación del Código Ético, cuyo incumplimiento denuncia oportunistamente Esquerra Unida. Pretender acabar con el rival político utilizando los tribunales es barriobajero y ya hay demasiada gente que le ha cogido el gusto a tan artera maniobra.

(Publicado en Última Hora)

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